Editorial

Costos al alza del suministro eléctrico

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El costo del suministro eléctrico está en sus mayores niveles desde 2017. Mucho se habla del efecto en precios de las cuentas de luz de los clientes regulados, pero poco sobre el efecto en el precio promedio de los clientes industriales, que ha aumentado 80% desde 2020.

Ello sorprende en un país cuyas favorables condiciones naturales de radiación solar y viento prometían una reducción de costos que debía impulsar nuestra productividad y competitividad. Sin embargo, sucesivos cambios en el marco regulatorio están generando una creciente carga que opera justamente en dirección contraria.

Es preocupante el creciente costo de la energía para el sector productivo del país.

En particular, los clientes libres no sólo pagan energía y potencia, sino también deben financiar los costos sistémicos (a prorrata de sus retiros de energía), los que incluyen el pago de servicios complementarios, la operación a mínimo costo, los precios estabilizados para pequeños medios de generación (PMG y PMGD), la reserva hídrica, entre otros. Especial mención amerita el precio estabilizado –devenido en subsidio- a los PMG y PMGD, con una incorporación inusitada de estas fuentes al sistema, representando actualmente más del 20% de la demanda total.

De esta forma, los costos sistémicos que deben ser financiados por los clientes han ido aumentando significativamente, desde niveles cercanos a 1-2 dólares por MWh que se observaban hasta 2019, a sobre 20 dólares por MWh en algunos momentos del año. A ello se agregan los mayores cargos asociados a la transmisión eléctrica, que tras la modificación legal de 2016 significó la eliminación de las señales de localización (con la consecuente pérdida de eficiencia) y el traspaso de los costos hacia los clientes finales.

Sin duda lo más preocupante es que el creciente costo de la energía para el sector productivo del país no parece estar en agenda de las autoridades, que debieran buscar medidas para contrarrestar este impacto. Peor aun, el proyecto de ley de transición energética que ingresó el Ejecutivo en julio pasado implicaría alzas adicionales en las cuentas de todos los clientes, al reasignar los ingresos tarifarios e introducir la licitación de sistemas de almacenamiento que, nuevamente, serán de cargo de los clientes.

El escenario energético es poco alentador para un país que necesita inversión y crecimiento.

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